La ruta de la competitividad en
Colombia en ocasiones parece un sendero estrecho de tortuoso el recorrido. ¡Claro
que el país ha mejorado!, pero es evidente que pudo haber avanzado más.
Desde el lanzamiento de la Política
Nacional de Competitividad (1999); los Conpes de Agenda Interna para la
competitividad y productividad (nro. 3297 de 2004), Institucionalidad y
principios rectores de política para la competitividad y productividad (nro.
3439 de 2006) y Política Nacional de competitividad y productividad (nro. 3527
de 2008); y los decretos 2828 de 2009 que organizó el Sistema Administrativo Nacional de Competitividad y
creó la Comisión Nacional de Competitividad (CNC) y las
comisiones regionales (CRC), y el 1500
de 2012 que ajustó el Sistema Administrativo Nacional de Competitividad e Innovación, los gobiernos,
universidades, gremios y empresarios han visto pasar mucha agua bajo el puente.
Sin necesidad de un exhaustivo
análisis, se puede afirmar que el
Sistema Nacional de Competitividad no ha funcionado como tal. El sistema, coordinado
por la CNC y las CRC, en la práctica presentó dificultades para su funcionamiento, salvo algunas excepciones, que
se notó en la desarticulación de sus agentes y en la ejecución parcial de las
agendas de competitividad nacional y locales.
El sistema quiso operar con las CRC
alrededor de CNC, pero ésta no las aglutinó ni siquiera en los encuentros nacionales
de las comisiones regionales, por lo que la
CNC no se sintió en los departamentos creando una brecha de comunicación.
La realidad mostró a unas CRC bajo la
égida del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MCIT) en lo nacional y
de las cámaras de comercio en lo local. En cuanto a las cámaras de comercio, estas sin duda han sido grandes animadores y
las responsables, en buena medida, que el modelo funcione, sin ellas el
balance sería menor. En muchos departamentos donde los gobiernos no le dieron prioridad
a la competitividad, fueron las cámaras las que mantuvieron en funcionamiento a
las CRC.
Una vez creadas las comisiones
regionales (2007 y 2008), se formularon los planes regionales de competitividad
basados, la mayoría de las veces, en las agendas internas construidas dos o
tres años antes. Sin embargo, los planes se hicieron bajo la orientación e
influencia del DNP y MCIT, situación que
limitó el ejercicio prospectivo local.
En la ejecución de los planes
regionales la mayoría de departamentos enfrentaron situaciones que les ha
costado superar y que se convirtieron en escollos para alcanzar la anhelada
competitividad. Entre estas situaciones se cuentan:
- Desconexión nacional con los niveles
territoriales.
- Desarticulación de los actores
públicos, privados y académicos.
- Desconocimiento de la importancia de
la competitividad.
- Falencias en la formulación de los planes
regionales de competitividad.
- Politización de la agenda productiva.
- Falta de políticas de desarrollo
productivo local.
- Planes de desarrollos departamentales
y municipales con la competitividad e innovación como simples enunciados.
- Falta de continuidad en la gestión
de la competitividad entre gobiernos.
- Desarticulación de agenda de
competitividad con la de CTI.
- Desconfianza de los empresarios en
las CRC.
Todo esto condujo a que la gestión
de la competitividad sufriera, en su conjunto, cierta desaceleración y pérdida de dinamismo, lo que produjo traumatismos que
afectaron el apoyo a las empresas y sus clústeres.
El
nuevo escenario.
El contexto que plantea el Plan Nacional de Desarrollo 2014 - 2018
“Todos por un nuevo país” (Ley 1753 del 9 de junio de 2015) representa un reto porque
apunta a que la competitividad e innovación sean elementos esenciales para
el desarrollo productivo regional. Las bases del PND 2014 - 2018 definen
que el Gobierno apoyará las líneas de acción de las Rutas Competitivas al
tiempo que plantea (artículo 186) un nuevo rol para las CRC, transformándolas
en el único interlocutor del Gobierno nacional con los departamentos en asuntos
de desarrollo productivo. De igual forma, fusiona el Sistema de Competitividad
y el Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación en un solo Sistema que será
coordinado por las CRC.
Con base
en este nuevo marco normativo y de planificación, los Conpes de Política de
Desarrollo Productivo y de Ciencia, Tecnología e Innovación sientan las bases para
una nueva agenda nacional de competitividad enfatizando en el necesario aumento
de la productividad empresarial como condición para mejorar en competitividad
y en las relaciones existentes entre conocimiento e innovación con la
competitividad que confirman la relevancia de la CTI como fuente del
crecimiento, que genera beneficios económicos y sociales.
Así que la
definición del rol de las CRC como agentes integradores de la política de
desarrollo productivo en los departamentos, la creación del Comité de
Regionalización para articular las necesidades de las regiones con las
nacionales, la focalización de los recursos de regalías hacia la CTI y la promoción
a la inversión privada en CTI teniendo como incentivo la disminución del
impuesto de renta para las empresas (Ley 1739 d 2014, artículo 32), son
acciones que mejorará la gestión.
La responsabilidad de otros agentes
del Estado.
Pero esto
por sí solo no arrojará frutos, por lo que el gobierno nacional debe hacer una
gran esfuerzo para que así como el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo se
ha involucrado de lleno en la agenda de competitividad y ha acompañado a los
departamentos, hagan lo propio el Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural y el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
para articularse al Sistema Nacional de Competitividad.
Voluntad similar deberá demostrar
Colciencias para bajar más a las regiones toda su capacidad institucional con
el fin de poner de forma práctica, sin abandonar el rigor de la investigación,
el conocimiento al servicio de los empresarios incentivándolos para que adopten
una cultura de la innovación sencilla y comprensible, que les permita escalar a
la aplicación de conocimientos más complejos a medida que avanzan hacia la producción
de bienes y servicios de mayor sofisticación. No se debe perder de vista
que el 97% de las empresas del país son mipymes con empresarios que acusan
limitaciones en formación y conocimiento.
Hacia una de la cultura de la
competitividad.
Para
avanzar en este camino, es esencial que los gobiernos territoriales le
concedan importancia a la competitividad e innovación como pilares del
desarrollo productivo. En consecuencia, los departamentos se enfrentan al
reto de ajustar sus planes y agendas regionales de competitividad, estructurar
un solo sistema regional de competitividad, ciencia, tecnología e innovación, aumentar
la inversión en CTI, fortalecer el programa rutas competitivas e impulsar la
organización de clúster locales.
Para
lograr este cometido, hay que poner en el centro de la política pública regional
a la competitividad e innovación con las CRC como la instancia articuladora
entre los agentes gubernamentales, privados y académicos, y definir agendas de
trabajo y mecanismos de financiación administrativa y operativa con esquemas de
seguimiento a las acciones realizadas. Pero si bien esto es relevante, la
experiencia indica que de no existir en los gobernantes, funcionarios públicos,
directivos gremiales, empresarios, rectores y profesores un pensamiento
colectivo sobre la importancia de la competitividad, las probabilidades de
avanzar serán limitadas. Esto sugiere, entonces, enfrentar el reto de desarrollar
un ambicioso programa local de capacitación para crear cultura de la competitividad
e innovación como como instrumentos para el desarrollo territorial.
La gobernanza de clúster.
Un aspecto
relevante tiene que ver con la conveniencia de robustecer las Rutas
Competitivas como medio para fortalecer la
competitividad de las empresas que participen en un mismo negocio con el fin que
los empresarios innoven en sus productos y servicios a partir de la
identificación del segmento de negocio más atractivo, rentable y de futuro de acuerdo
a la demanda y las oportunidades del mercado.
La consolidación de las Rutas Competitivas
conducirá a la organización de clústeres,
sin que se quiera afirmar que esta sea la única vía para ello, lo que lleva a
pensar en avanzar en procesos de gobernanza
de clúster que permita conformar órganos de gobierno con la
participación de empresarios, gremios y universidades, mejorando así la
articulación entre agentes con el decidido apoyo gubernamental. Esto generará
mayor apropiación por el empresario de las cadenas de valor en la que participa
y mejorará ostensiblemente el diálogo entre empresas, instituciones y
universidades con los gobiernos, permitiendo la orientación eficiente de los
instrumentos de desarrollo empresarial y de recursos públicos.
Entendida de
esta manera, la gobernanza de clúster crea escenario de autonomía, pues son los
empresarios y universidades los encargados de decir para donde van estas
organizaciones, con el necesario apoyo gubernamental, por lo que la gobernanza viene
siendo una buena opción para evitar la presencia de “clúster secuestrados”,
distorsión que ocurre cuando una determinada institución se apropia de un clúster
con determinaciones unilaterales sin permitir deliberación ni compartir la toma
de decisiones. Este caso también se da cuando una empresa con influyente poder
de negociación en la cadena de valor, pretende dirigir los destinos del clúster
para sus propios beneficios.
De otra
parte, la gobernanza permite hacer tránsito hacia procesos de responsabilidad
compartida entre los agentes del clúster con el fin que haya aportes y
beneficios colectivos. Es usual que un clúster pase por varias etapas en su
organización. Al principio una entidad gestora o líder se encarga de la
formulación de la ruta competitiva y como tal es la responsable de impulsar el
proceso. Luego vendrá la ejecución de las líneas de acción identificadas para
intervenir la competitividad de las empresas, las cuales requiere de recursos públicos
e institucionales para su financiación. Y por último, cuando se empieza a
impactar la competitividad y se crea confianza y consciencia de actuar como
clúster, viene el modelo “todos ponen, todos ganan” que llevará a un estadio
de madurez en la gobernanza.
En el caso
de la mayoría de clúster que han hecho parte del programa de Rutas Competitivas,
sus procesos se encuentran en las dos primeras etapas, con lo que se corre el
riesgo que los incipientes clúster se vuelvan dependientes de las instituciones
gestoras y adictos a los recursos públicos creando un estado de confort que
los empresarios y entidades líderes no están dispuestos a abandonar.
Armando Rodríguez Jaramillo
Director NaoClúster - armando@naocluster.com
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